El gobierno actual cree que 1 de cada 2 pesos de planes sociales terminaban en «intermediarios». Más del 60% de los planes del gobierno de Alberto Fernández estaba destinado en el conurbano bonaerense.
Desde el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, procesado por abuso sexual simple, a su par de Merlo, condenado por hechos de corrupción, en el conurbano afloran los punteros políticos, los escándalos y el clientelismo.
En La Matanza, semanas atrás, detuvieron a un concejal del Movimiento Evita –Gabriel Aranda- por una denuncia de tráfico de estupefacientes y vínculos con la barra brava de Laferrere.
Las cooperativas de la causa “guardapolvos” tenían sus domicilios en el partido de Quilmes. La justicia investiga un faltante de 5.500 millones de pesos.
De allí eran las cooperativas de los “contratos científicos” que había firmado, en marzo del año pasado, el gobierno de Alberto Fernández con el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. Se trata de 1200 millones de pesos que nadie sabe dónde fueron a parar.
Los dirigentes sociales que sumaron peso, estructura y poder en el conurbano bonaerense están imputados por la justicia. Se trata de Juan Grabois y Emilio Pérsico.
Lo mismo sucede con el procesado Eduardo Belliboni del Partido Obrero. El gobierno provincial es gestionado por Axel Kicillof que generó a los argentinos una deuda de 16 mil millones de dólares, sin contar intereses, en la “nacionalización” de YPF.
La plata de la corrupción es la que ha colaborado para que la Argentina sea uno de los países más pobres de América Latina.
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