La Fiscalía suspendió la declaración de dos ex empleadas de la Quinta de Olivos en la causa contra Alberto Fernández

La Fiscalía que investiga por violencia de género al ex presidente Alberto Fernández suspendió la declaración de dos testigos empleadas de la quinta de Olivos al recibir un planteo de la querella de la ex primera dama Fabiola Yañez vinculado a una posible violación al deber de confidencialidad que se firma cuando se ingresa a trabajar a la residencia presidencial.

El fiscal federal Ramiro González resolvió al respecto citar a declarar como testigo al escribano que firmó actas donde cinco testigos de la defensa hicieron exposiciones de manera privada en su escribanía, que se guardaron en sobres cerrados y luego se entregaron en la Justicia, informaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas.

El escribano que labró las actas con declaraciones de amas de llave y niñeras de la quinta de Olivos, Lisandro Barga, declaraba como testigo ante González.

Braga se presentó en Comodoro Py a media mañana tras ser citado ayer para que dé precisiones sobre cómo se confeccionaron esas actas con las declaraciones dadas en su escribanía y si hubo alguna referencia al «deber de confidencialidad» de las empleadas.

En el escrito que presentó la abogada de Yañez, Mariana Gallego, se cuestionó la legalidad de las testimoniales de las actuales y ex empleadas de la residencia presidencial que propuso en todos los casos la defensa de Fernández porque la ex primera dama no las relevó de su deber de guardar confidencialidad.

Según afirmaron dos de las testigos que ya declararon en la Justicia, sí quedaron relevadas por el ex presidente, aunque es algo que no constaría en la causa.

Por ello, González dispuso formar un legajo aparte «para determinar los alcances de la confidencialidad esgrimida» y aclarar «pormenores» vinculados a cómo se confeccionaron las actas presentadas.

Por otro lado, el teléfono celular de Yañez será peritado el próximo martes 8 de octubre en España, en un trámite que hará la fiscalía de ese país y consistirá en extraer la información para luego enviarla a la Justicia argentina.

La Fiscalía General de Estado de ese país notificó vía Cancillería al fiscal federal Ramiro González de la fecha de la diligencia.

El trámite estará a cargo del Ministerio Público español y luego la «copia forense» de los datos será remitida a la fiscalía de González para su análisis, en particular los mensajes entre la ex primera dama y el ex presidente. De esta manera se cumplirá con el exhorto enviado por el fiscal al país donde en la actualidad reside Yañez.

La rogatoria se firmó luego que la Cámara Federal porteña rechazó un recurso de queja de la defensa del ex presidente, quien se oponía a este trámite a la distancia. 

La defensa de Fernández argumentaba que la medida debía llevarse a cabo en territorio nacional para garantizar el derecho a defensa y el «debido proceso» con el fin de «garantizar la integridad de la evidencia», un «mayor control de la cadena de custodia» y minimizar los «riesgos de manipulación o contaminación de los datos».

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah avalaron la realización de la medida en España y advirtieron que «ninguno de los argumentos de la defensa revela un gravamen irreparable» ni arbitrariedad.

«La información se descargará de un teléfono que no está secuestrado por la Justicia, sino en poder de la víctima -desde el momento de los presuntos hechos relevantes hasta hoy-» por lo cual «la obligación de asegurar la inalterabilidad de los datos es operativa desde que se toma conocimiento de aquellos y se los tiene a disposición», agregó esa resolución.