El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, presentaron este jueves un «habeas corpus» preventivo ante la Justicia argentina en respuesta al pedido de captura internacional emitido por Venezuela contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Ambos funcionarios radicaron la presentación en los tribunales federales de Retiro y ante ese hecho, el juez federal Julián Ercolini concedió «liminarmente» el pedido, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.
De esa manera, se comunicó «la resolución a la Organización Interpol» y se «requirió al Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Culto que arbitre los medios necesarios para obtener copia del proceso en que se libraran las órdenes de detención internacional objeto de estudio como así también; que en función de los convenios internacionales asumidos efectúe las notificaciones pertinentes».
Lo hicieron ante lo que calificaron como «una amenaza actual, inminente y cierta» a la libertad del Presidente y sus funcionarios a raíz del anuncio del régimen de Nicolás Maduro de reclamar esas capturas por lo que ocurrió en Argentina con un avión venezolano de cargas de la empresa Emtrasur, demorado en el país junto a su tripulación por el trámite de una causa judicial en el gobierno de Alberto Fernández.
El Gobierno argentino entendió en la presentación que las órdenes libradas contra los funcionarios tienen «fines políticos» porque ellos no intervinieron de ninguna manera en el trámite judicial cuestionado, y por eso pidieron a Ercolini que haga lugar al habeas corpus que permita notificar a la OEA y a Interpol la postura de la Justicia argentina.
«El riesgo de libertad ambulatoria» para los funcionarios «se vincula directamente con el trabajo público que desempeñan como representantes del Estado nacional», por eso «afecta el ejercicio de su mandato» al dejarlos expuestos «en forma injusta y arbitraria a un riesgo de privación de la libertad», advirtió el escrito.
Si bien se puso en duda que un país democrático concrete pedidos de captura, hay un «riesgo cierto» porque muchos de los requeridos carecen de inmunidad diplomática, se advirtió en el documento.
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