La justicia electoral desestimó el plan “aportes de campañas” de empresarios: serían coimas

La Cámara Nacional Electoral (CNE) aclaró que no se encontraron pruebas que demuestren que los empresarios Ángel Calcaterra y Héctor Sánchez Caballero hayan realizado aportes financieros a la campaña del Frente para la Victoria (FPV) en las elecciones presidenciales de 2015. Esto se desprende de un fallo reciente del máximo tribunal electoral, tras revisar el expediente vinculado a la «causa de los cuadernos», en la que ambos empresarios fueron imputados por el delito de cohecho activo. En la época del kirchnerismo y “socios” ocultos, Calcaterra tenía en su poder el manejo de la constructora IECSA. Marcelo Mindlin se ofreció a comprarla en 2017. 

En su declaración, la Cámara señaló que «no se ha hallado ningún elemento concreto que vincule las deficiencias en las rendiciones de cuentas del FPV 2015 con los desembolsos que se atribuyen a Calcaterra y Sánchez Caballero». Además, destacó que, pese a la transferencia del caso penal a la justicia electoral por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, no se ha producido dicha remisión efectiva y la causa sigue en manos de la justicia criminal.

El tribunal, compuesto por los jueces Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Via, explicó que, desde una sentencia emitida en 2018, ya se había desaprobado la rendición de cuentas del FPV, pero ordenaron profundizar la investigación sobre la legalidad de los fondos recibidos y los gastos realizados. Ahora, en esta nueva revisión del caso, remarcaron que «tras nueve años de investigación no se han presentado elementos probatorios que respalden la hipótesis de que los fondos vinculados a los empresarios hayan sido utilizados en la campaña electoral».

El rol del Cuerpo de Auditores Contadores

En el comunicado oficial, la CNE también destacó el rol del Cuerpo de Auditores Contadores, dependiente del tribunal, que llevó a cabo un exhaustivo análisis de las cuentas de la campaña. Según el fallo, se realizaron auditorías utilizando «monitoreos en Internet y redes sociales, auditorías de publicidad y circularización a terceros», con el objetivo de detectar posibles irregularidades o movimientos de fondos no reportados en las rendiciones de cuentas presentadas por el FPV.

Asimismo, la Cámara detalló que «se solicitaron a la Cámara de Casación los elementos probatorios en los que basó su decisión de remitir el caso a la justicia electoral, pero dichos elementos no fueron presentados». El fallo también aclara que la jueza de primera instancia, el fiscal electoral y las partes implicadas no han encontrado pruebas que sostengan la teoría de que los desembolsos mencionados en la causa penal correspondían a aportes de campaña.

En cuanto al avance de la causa penal, la Cámara Nacional Electoral precisó que «una posible conexión entre el financiamiento de actividades partidarias y hechos investigados como delitos —basada en las afirmaciones de los imputados— no impide la prosecución del proceso penal». No obstante, subrayó que, a nivel electoral, «las leyes que regulan el control patrimonial de las campañas no permiten afirmar que los fondos que motivaron la imputación penal hayan sido utilizados en la campaña electoral en cuestión».

Finalmente, el fallo concluye que «la competencia electoral en el control de las rendiciones de cuentas partidarias no implica la privación de respuesta penal a delitos comunes asociados a irregularidades en las rendiciones presentadas».