La Cámara de Diputados intentará mañana avanzar con la firma de dictámenes para combatir la ludopatía y el fenómeno de las ciberapuestas, un flagelo que desde los tiempos de la pandemia viene creciendo exponencialmente en adolescentes y jóvenes con números alarmantes.
La iniciativa se debatirá este miércoles a las 9:30 en un plenario de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Acción Social y Salud Pública, Comunicaciones e Informática, Legislación Penal y Familias, Niñez y Juventudes.
“Mi anhelo es lograr mayoría de firmas en las cinco comisiones. Necesito la mitad más uno de todos. Esperemos, estoy trabajando en eso. Vamos a ver cuál es el temperamento”, señaló la presidenta de la comisión de Prevención de Adicciones (cabecera del tratamiento), Mónica Frade (Coalición Cívica), en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.
El plenario de comisiones iba a realizarse el jueves pasado, pero la cita debió bajarse de la agenda porque las titulares de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), y de Familias, Roxana Reyes (UCR), pidieron más tiempo para analizar los proyectos en asesores.
Para este miércoles, se perfilan dos proyectos de ley: uno se posiciona como candidato a ser de mayoría y es el que impulsa la Coalición Cívica (en base a un proyecto de Maximiliano Ferraro) junto a Unión por la Patria, Encuentro Federal y los radicales sin peluca de “Democracia para Siempre”.
Por otro lado, el PRO y La Libertad Avanza firmarán un dictamen más “light” tomando como referencia un proyecto de Silvana Giudici.
Para el dictamen que se perfila como el de la mayoría Frade articuló acuerdos con el vicepresidente segundo de la comisión de Prevención de Adicciones, Rogelio Iparraguire, y también con Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal.
También hubo consultas permanentes con las radicales Karina Banfi y Gabriela Brouwer de Koning.
El proyecto de la oposición
Entre otros puntos, la iniciativa de la oposición prohíbe la publicidad, promoción y sponsoreo de los juegos de azar en línea, de ningún tipo, inclusive las realizadas por influencers, famosos del espectáculo, deportistas, instituciones deportivas, cartelería en estadios, etcétera.
Solamente se permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos, otras casas de apuestas o agencias de lotería.
Además, el proyecto solamente autoriza las apuestas en plataformas online que tengan registrado domicilio legal en el país.
Otro de los puntos salientes del proyecto es que limita los medios de pago al uso de tarjetas de débito con un tope equivalente al permitido para extracciones en cajeros, quedando prohibido el uso de sistemas de crédito, como así también de aquellas tarjetas de prestaciones de ayuda social.
En cuanto al uso de billeteras, se encuentran autorizadas pero le caben lo mismos topes que el pago con tarjetas de débito.
Además, se prohíbe el otorgamiento de bonos o vales de captación para dar la bienvenida e incitar al juego.
Para evitar el acceso de menores de edad, el proyecto propone la identificación biométrica de los usuarios al inicio de cada sesión y al cabo de un tiempo de jugar, utilizando la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para validar la identidad a distancia, mediante el reconocimiento facial.
A su vez se exige que las plataformas y sistemas de juego en línea cumplan una serie de requisitos de juego responsable que permitan a los consumidores acceder a información cierta sobre las apuestas en las que participan, su historial de usuario, el tiempo en línea, mecanismos de autoexclusión, posibilidad de establecer límites y alertas de tiempo y dinero y secciones de ayuda y asistencia.
Otro aspecto clave del proyecto es que crea un registro nacional de autoexclusión voluntaria, que sirve para que la persona que considera que tiene problemas con el juego pueda autoexcluirse por hasta 24 meses, y los establecimientos y plataformas online deberán hacer cumplir esta prohibición.
La inscripción en este registro vale no solamente para la jurisdicción de la persona en cuestión sino para todo el país a partir de la articulación e interoperabilidad de los registros ya existentes.
Las familias también podrán solicitar la inscripción de un familiar en el registro, la que se hará efectiva solo con el consentimiento voluntario de este.
El proyecto establece sanciones de penas y multas frente a su incumplimiento por parte de los titulares y terceros involucrados.
Por ejemplo, se incrementan las penas del articulo 301 del Código Penal estableciendo un rango de 3 a 10 años de prisión.
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