La Cámara Federal de Casación Penal anuló el sobreseimiento de la ex ministra de Defensa en el kirchnerismo Nilda Garré en una causa que investiga si tuvo de manera simultánea a su paso por diferentes cargos en la función pública ingresos por ser titular en uno de licencia de un Registro Automotor porteño.
La sala I del máximo tribunal penal federal del país hizo lugar a una apelación del fiscal ante esa instancia Raúl Plée y ordenó reabrir el caso para producir prueba aún pendiente, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Los camaristas Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña remarcaron que «el sobreseimiento de Nilda Garré se ordenó sin que hubieran sido evaluadas, en su integridad y efectos, cuestiones trascendentes que conforman la hipótesis acusadora y por la cual esa parte se agravió de la resolución bajo análisis».
«Resta determinar si Garré percibió y dispuso de los emolumentos correspondientes al Registro Automotor Seccional N°57 a pesar de hallarse en uso de licencia y mientras ocupaba otros cargos públicos. Asimismo, huelga establecer a través de qué medio se accedió a las cuentas bancarias del registro fines, mencionado en el periodo comprendido en la imputación», advirtió el Tribunal.
En la investigación abierta desde 2013 se intenta determinar si la ex ministra de Defensa cobró de manera simultánea una jubilación y otros ingresos provenientes de su condición de titular del Registro Automotor en uso de licencia y su sueldo de funcionaria pública de manera irregular.
La ex funcionaria resultó sobreseída en tres oportunidades en la justicia federal de instrucción por inexistencia de delito pero ahora Casación dispuso reabrir la pesquisa.
El máximo tribunal penal federal del país destacó que los titulares de Registros de la Propiedad del Automotor tienen «carácter de funcionarios públicos» que «surge tanto de su nombramiento como funcionarios públicos como también por el rol de dicha función dentro del Estado, así como por el origen, naturaleza y destino de los montos percibidos, que son de carácter público».
Al apelar, la fiscalía sostuvo que falta prueba en la causa «en tanto no se logró descartar la hipótesis acusatoria vinculada al cobro simultaneo por parte de Garré de emolumentos y una jubilación cuando eso se encontraba vedado por la ley vigente».
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