Los aumentos van a seguir rigiendo de acuerdo a una fórmula de movilidad que se ajusta de forma trimestral, con una inflación que mes a mes supera los dos dígitos.
Los cambios anunciados recientemente en la propuesta del Gobierno de reformar la movilidad jubilatoria, no implican, lamentablemente, una mejora significativa para los jubilados y jubiladas de la Argentina.
Lo único que se logró es que las cosas quedaran como estaban, es decir que el deterioro del haber ante la galopante inflación siga su curso.
Ese deterioro inevitable es todo lo que el gobierno necesita para garantizar el ajuste sobre las jubilaciones. Y no es otra cosa que la continuidad de la política del gobierno anterior.
Los aumentos van a seguir rigiendo de acuerdo a una fórmula de movilidad que se ajusta de forma trimestral, con una inflación que mes a mes supera los dos dígitos.
Hasta marzo los jubilados cobrarán lo mismo que en diciembre, cuando se realizó la última actualización de la fórmula.
Esto significa que recibirán al final del período un aumento en torno al 30 y el 35 por ciento, mientras que la inflación acumulada de esos tres meses estaría en torno al 70 por ciento.
Sin contar que ese 70 por ciento se va efectivizando en el acto, mientras que el aumento de 30 o 35 por ciento empieza a regir a partir de marzo.
Los jubilados ya venían corriendo a la inflación desde atrás, pero ahora están viento como ésta les empieza a sacar una vuelta de ventaja.
La medida compensatoria para este desastre es el otorgamiento del bono para las mínimas. El bono es la parte de la jubilación que el gobierno no necesita pedir permiso para ajustar.
Lo decide el Ejecutivo según sus propias posibilidades e inclinaciones. Y se otorga solamente a las mínimas. Quienes cobran un peso más de la mínima no lo reciben.
Por lo cual, en los hechos lo que termina ocurriendo es que prácticamente todas las jubilaciones se están convirtiendo en mínimas.
Recordemos que el promedio de reajustes durante el año pasado a todos los beneficiarios fue del 140 por ciento, mientras que la inflación nivel general fue de 211,4 por ciento.
A eso debemos agregar que hay insumos vitales para el sector, como medicamentos, que tuvieron un incremento del 300 por ciento.
La Canasta Básica de las Personas Mayores arrojó en su última medición, publicada el 6 de octubre de 2023, un valor de 313.000 pesos, con gastos de vivienda.
Si proyectamos ese monto aplicando el IPC nos encontramos con que en diciembre el valor aproximado de la Canasta sería de 500.000 pesos.
Todo esto amerita ser tomado como referencia para el cálculo del reajuste extraordinario, ya que los montos que cobraban los jubilados ese mes y que en febrero seguirán siendo exactamente los mínimos se dividen entre jubilaciones mínimas de 105.000 pesos, más el bono de 55.000 pesos, lo que arroja un total 160.000 pesos de bolsillo; y los haberes medios, entre 170.000 y 180.000 pesos, sin ningún bono adicional.
Recordemos de paso que éstos últimos conforman un universo de alrededor de dos millones de personas que ingresaron al sistema con treinta años de aportes o más.
Como vemos, ni unos ni otros logran cubrir el 30 por ciento de su Canasta de Necesidades Básicas. Si esto no es ajustar sobre las jubilaciones, entonces no sé que nombre ponerle.
La única alternativa viable para los jubilados, debiera ser un reajuste de emergencia sobre la base del haber de diciembre de 2023 para todas las categorías, para compensar de este modo una parte de la catastrófica pérdida de poder adquisitivo de los haberes durante 2023.
Hay que utilizar el Fondo de Garantía y Sustentablidad (FGS) más recursos adicionales del Estado Nacional para rescatar a los siete millones de jubilados y pensionados que están sufriendo esta crisis humanitaria junto a casi un millón de personas con discapacidad, cuya pensión no contributiva equivale al 70 por ciento de la jubilación mínima, es decir que hoy cobran 85.000 pesos.
El FGS se conformó en 2009 con el residual de los fondos de las AFJP. Eran unos 100.000 millones de dólares entonces.
La finalidad de ese Fondo, conforme a su ley orgánica, es auxiliar al sistema previsional ante la pérdida de poder adquisitivo los beneficios del mismo. Ninguna administración desde entonces lo utilizó a tal efecto.
Según informó el nuevo titular de ANSES, quedan actualmente 33.000 millones dólares en el FGS, de los cuales el 70 por ciento son títulos y bonos diversos.
Y, hasta donde sabemos, la iniciativa por trasladar esos fondos al Tesoro Nacional, todavía no fue retirada de la Ley Ómnibus, como ocurrió con la reforma de la movilidad.
Como se puede ver, la crisis del sistema es terminal. No hay que discutir movilidades y bonos.
Hay que emprender una tarea de rescate para recomponer el haber jubilatorio a valores razonables para la subsistencia de una persona.
Para ello, insisto, se deberían utilizar tanto los fondos del FGS como recursos del tesoro. De lo contrario no solamente se están violando los derechos de millones de personas, sino que también se los está condenando a vivir y morir en la miseria.
(*) – Eugenio Semino es defensor de la Tercera Edad y presidente de la Sociedad Interamericana de Gerontología y Geriatría (SIGG).
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