En la oposición dialoguista anticipan una etapa menos condescendiente y de mayores fricciones con el Gobierno

Si en el primer semestre predominó una actitud condescendiente de la oposición dialoguista ante los cantos de sirena de la Casa Rosada, lo cual no eximió de roces constantes y parates varios en el proceso de construcción de la Ley Bases, el panorama de convivencia con el oficialismo para lo que queda del año aparenta más mucho más friccionado de lo que fue.

Un botón de muestra de esta desentendimiento creciente entre el Poder Ejecutivo y sus supuestos aliados ocurrió el 18 de julio, cuando los delegados del Gobierno, José Rolandi, Lisandro Catalán, Lule Menem y Lucía Ibarzábal se fueron de la Cámara de Diputados sin pena ni gloria, con un sabor agrio en la boca, después de escuchar los mil reparos de los líderes dialoguistas a la reforma política.

Tal fue la desilusión que se tomaron quince días para volver a la carga. Los mismos funcionarios retornarán al Congreso recién la semana próxima para un segundo encuentro con los referentes dialoguistas. La vara de expectativas, no obstante, es bastante más baja.

Ya les hicieron saber en su primera incursión que la eliminación de las PASO no es un objetivo viable, y que a lo sumo se podría acceder a suprimir la obligatoriedad, como proponen el PRO y la Coalición Cívica.

No así la UCR de Rodrigo De Loredo, que en términos generales prefiere sostener ese principio por temor a que los oficialismos puedan manipular las internas opositoras.

Y en cuanto a la propuesta de implementar la boleta única, le señalaron que ya existe una media sanción trabada en el Senado, por lo que le pidieron al oficialismo que movilice su energía en desbloquear esa iniciativa en lugar de enviar proyectos con pretensiones revolucionarias.

Dentro de la reforma política, el Gobierno también busca cortar el financiamiento y la propaganda electoral con recursos públicos, abriendo el juego a los aportes privados. Tampoco en este sentido tiene el camino pavimentado ya que en la oposición dialoguista conviven posturas a favor y en contra.

En los albores del Gobierno de Javier Milei, la receptividad de los bloques a la propuesta de modificación de la ley electoral habría sido significativamente otra, pero el desgaste de la relación a lo largo de todos estos meses, con un Gobierno que intentó llevarse de las narices a la oposición a puro atropello, alteró el espíritu de los dialoguistas.

La intermediación que ejerció el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pero sobre todo del ministro de Interior devenido jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue eficaz a la hora de torcer la lógica del “todo o nada” de Balcarce 50 y arrimar acuerdos más sensatos.

Lógicamente esas intervenciones del ala política del Gobierno no alcanzaron para sanear el vínculo ni para despejar las desconfianzas después de la catarata de acusaciones envenenadas que les prodigó públicamente el jefe de Estado.

“Creo que con la Ley Bases, especialmente en la primera etapa, se la dejamos pasar muy tranquilamente. Creo que hay un peligro de que los partidos de centro seamos complacientes con el gobierno de turno”, reflexionó un diputado de la Coalición Cívica con quien Noticias Argentinas tuvo diálogo.

La sanción definitiva de la Ley Bases fue el último escalón en el que la oposición dialoguista acompañó al Gobierno sin atenuantes, aún tragándose el veneno de las descalificaciones recurrentes.

La exagerada escenografía del Pacto de Mayo fue el broche simbólico de esta etapa de mansedumbre opositora, en la que los gobernadores y líderes de los partidos aliados fueron prácticamente a ofrendar su humillación en el altar del presidente.

A partir de ahora, se abre una etapa nueva de la relación, en la que los bloques del PRO, la UCR, los federales y la Coalición Cívica impulsarán su propia agenda y no le pedirán más la escupidera al Gobierno, ni le servirán en bandeja todo lo que pidan.

“En la primera etapa con la Ley Bases sentí que hablábamos dos idiomas diferentes. Los del medio creíamos que les traíamos la solución, pero a ellos no les interesaba. Hay una impronta de megalomanía parlamentaria que vino en la Ley Bases uno. Después de eso hubo un proceso de aprendizaje, de ellos y de nosotros», relató un diputado que participó de esas conversaciones por la ley pretendidamente “refundacional” del Gobierno.

Consultado sobre cuál es el papel que deben jugar las fuerzas de la oposición intermedia en el actual encuadre de ultrapolarización que plantea Milei, con el riesgo de quedar devoradas por la grieta, contestó que el desafío es “poder transitar un no lugar para llegar a un lugar, y entrar y salir…pegar y salir”.

«Pegar y salir», como metáfora pugilística, significa desmarcarse, acusar al Gobierno cuando lo consideren, instalar una agenda incómoda para la Casa Rosada, pero sin romper puentes de diálogo con el oficialismo. Es decir, sin lanzar un cross a la mandíbula como busca Unión por la Patria. 

“Yo reconozco que Milei tiene alrededor de 50% de imagen positiva, pero van solo siete meses. Alberto Fernández y Fernando De la Rúa tenían más imagen positiva a esta altura y se terminaron desplomando”, advirtieron.

El mayor peligro en este escenario de fragmentación extrema lo corre el PRO, que es la fuerza de centroderecha que compite por la misma base electoral que el oficialismo.

La Ciudad de Buenos Aires es el campo de batalla donde más claramente podría notarse el repliegue del PRO, según la misma fuente. “Veo un escenario de tercios o cuartos”, pronosticó.

Un espacio será La Libertad Avanza, otro el de las fuerzas del ex Juntos por el Cambio y finalmente Unión por la Patria. El PRO deberá decidir si jugar con el oficialismo o bien con sus ex socios cambiemitas, pero en cualquier caso verá reducido su caudal electoral.

“El PRO está en una crisis muy profunda. Corre riesgo de terminar como la UCEDÉ o el Frente Grande. Si a Milei le va bien, ¿la gente qué va a elegir? ¿Coca-Cola o Cunnington?”, se preguntó capciosamente el diputado dialoguista. “A Menem en los primeros años le fue bien y la UCEDÉ desapareció”, recordó.

El propio Mauricio Macri advierte este riesgo mayúsculo y por eso en las últimas semanas le dio un giro a la relación con el Gobierno.

Después de haber coqueteado con el oficialismo, al punto que se especulase con una integración parlamentaria, el PRO parece haber vuelto al redil de la «oposición dialoguista», donde también se encuentran la UCR y Hacemos Coalición Federal, entre otras fuerzas políticas.

“Bienvenido PRO a la oposición”, soltó risueña y jocosamente una importante espada del bloque radical en una ronda con periodistas acreditados.

Si bien era un secreto a voces que el partido presidido por Mauricio Macri iba a empezar a marcar diferencias con La Libertad Avanza una vez conseguida la Ley Bases, el estallido de la interna con Patricia Bullrich aceleró el proceso a pasos agigantados.

En este marco, el bloque amarillo redobló días atrás la presión sobre Menem a través de un comunicado firmado por su titular, Cristian Ritondo, y por la secretaria parlamentaria, Silvana Giudici.

En el escrito le enrostraron al riojano el esfuerzo realizado “arduamente» por el PRO para “impulsar las transformaciones que el país necesita”, y le exigieron “una favorable y pronta respuesta” al pedido para tratar una agenda de 15 iniciativas “históricamente impulsadas” por ellos.

El escándalo de la visita realizada por una comitiva de diputados de La Libertad Avanza a genocidas presos en el penal de Ezeiza le calzó como anillo al dedo a Ritondo para acentuar las diferencias con el oficialismo. 

El problema para el oficialismo es que este desmarque de la oposición dialoguista sucede en la antesala de la presentación de la ley de Presupuesto, que deberá empezar a debatirse en septiembre.

El Gobierno es consciente de que necesita de los votos del PRO y tal vez con esa brújula política fue que acordó el pago de la deuda por los fondos de coparticipación de la Ciudad, que había sido el principal foco de sublevación de los amarillos.

La UCR, si quisiera, podría escalar el conflicto en el Congreso por los fondos para el sostenimiento de universidades y el FONID, que son temas irresueltos por la Casa Rosada, y por los que el radicalismo pagó un costo al no apurar el tratamiento en el recinto de los proyectos.