El repudio por las elecciones de Venezuela se hace un hueco en el temario de la sesión de Diputados y promete polémica

Las repercusiones locales por las elecciones en Venezuela y la presunta manipulación de los resultados continuará su saga mañana en el Congreso nacional, cuando el oficialismo y un sector importante de la oposición intenten aprobar en el recinto un proyecto de resolución en repudio a las irregularidades del escrutinio del país gobernado por Nicolás Maduro.

De hecho, en las últimas horas se conoció que a través de un acuerdo parlamentario, se incorporó formalmente al temario la discusión de los dictámenes aprobados en la comisión de Relaciones Exteriores y Culto que abordan el “fraude electoral venezolano perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro”. 

Unión por la Patria firmó un comunicado crítico haciendo responsable al presidente venezolano por la transparencia del escrutinio y le exigieron que muestre las actas oficiales para poder dar fe del resultado proclamado por el Consejo Nacional Electoral.

Sin embargo, no hablaron de “fraude” y mucho menos avanzaron a caracterizar al Gobierno de Maduro como “régimen dictatorial violatorio de Derechos Humanos» como sí hizo el oficialismo y los bloques de la ex alianza de Juntos por el Cambio.

En una reunión de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto organizada con carácter de urgencia el miércoles pasado, su presidente Fernando Iglesias le recomendó al diputado nacional de Unión por la Patria Santiago Cafiero que convirtiera el texto del comunicado en un dictamen, pero aquello no ocurrió.

En la sesión del próximo miércoles se tratará en primer lugar el dictamen firmado conjuntamente el PRO, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica, que declara el repudio “al fraude electoral perpetrado por parte del gobierno de Nicolás Maduro, efectuado mediante la difusión de resultados carentes de todo respaldo documental y en abierto contraste con las evaluaciones previas y en boca de urna”.

Según aseguran los firmantes del proyecto de resolución, el actual proceso electoral venezolano “ha incluido proscripciones, persecuciones, encarcelamientos, torturas, rechazo de los observadores internacionales y denegación del derecho al voto de casi ocho millones de venezolanos en el exterior”.

“A los que se han sumado el domingo 28 de julio todo tipo de irregularidades como la obstrucción a la acción de los fiscales de la oposición, el cierre de centros de votación con filas de ciudadanos esperando en las puertas, la negativa a entregar las actas de mesa, la demora en la transmisión de datos desde los centros de votación al Consejo Nacional Electoral y los patrullajes de colectivos paramilitares chavistas”, agregan.

En tanto, declaran su acompañamiento a la decisión del Gobierno de Javier Milei de “desconocer tales resultados y exigir que Nicolás Maduro reconozca la derrota del régimen, su respaldo a Edmundo González Urrutia, María Corina Machado y todos los dirigentes opositores”.

El tema Venezuela claramente incomoda a Unión por la Patria, donde conviven distintas miradas, y el oficialismo intentará sacar provecho de esa situación para dejar pegado al kirchnerismo por la relación que históricamente supo entablar con el chavismo.

En contraposición, Unión por la Patria utilizará la primera parte de la sesión para acorralar a La Libertad Avanza instalando la polémica por la visita “humanitaria” de un grupo de diputados libertarios a Alfredo Astiz y otros represores de la última dictadura militar que cumplen condenas en el penal de Ezeiza por crímenes de lesa humanidad.

El bloque que preside Germán Martínez tiene presentado un proyecto de ley para crear una comisión especial con la finalidad de evaluar la conducta de los seis legisladores que participaron de ese encuentro con militares genocidas.

El proyecto no tiene dictamen, por lo que requeriría de una mayoría agravada de dos tercios de los votos para forzar su tratamiento en el temario.

Durante la sesión está previsto que se vote un repertorio de proyectos de ley, entre los cuales sobresalen las iniciativas para ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos por delitos de agresión sexual, y las modificaciones a la ley de Armas de Fuego.