La aprobación del proyecto que propone implementar la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones nacionales es el único poroto que se pudo anotar en el Gobierno en la maratónica jornada. La votación se definió por 39 votos afirmativos y 30 negativos. En caso de convertirse en ley se implementaría desde las elecciones legislativas del año próximo.
La recuperación legislativa del proyecto de BUP se dio en medio del intento del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por eliminar las PASO, una iniciativa que no tuvo consenso y que obligó al Gobierno a conformarse con la boleta única. El proyecto tiene media sanción de Diputados desde 2022 y ahora volverá a ese cuerpo por los cambios aplicados durante el debate en Senado.
Según esta iniciativa, la Cámara Nacional Electoral (CNE) será la responsable de diseñar las BUP; mientras que las Juntas Electorales Nacionales serán las encargadas de adaptar la boleta a la oferta electoral de cada distrito.
Adoptará el modelo mendocino, provincia donde se vota con este sistema, al igual que en Santa Fe y Córdoba, con matices en sus formatos. En tanto, el Ministerio de Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) sería el responsable de imprimir y distribuir las boletas a lo largo y ancho del país.
Su desembarco en el hemiciclo electoral se dio gracias a que la Casa Rosada cediera a un cambio pedido por la senadora Mónica Silva (Río Negro) el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, lo que había sido uno de los reclamos de los partidos provinciales. A su vez, sumaron los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
De esta manera, el Gobierno evitó desbaratar el empate virtual de 36 a 36 que congeló la BUP durante meses a raíz de que el kirchnerismo se había plegado con sus 33 senadores al dictamen minoritario que había impulsado Silva, en descontento por el botón de lista completa; algo que era apoyado también por los misioneros.
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