La falta de un criterio unificado en la Justicia Laboral de Argentina está generando graves problemas para pymes, bares, colegios y otras instituciones que enfrentan juicios laborales.
Este problema se agrava por la existencia de múltiples fórmulas de cálculo de indemnizaciones en las diez salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, lo que deriva en fallos dispares y en muchos casos en indemnizaciones difíciles de afrontar. Actualmente, las salas utilizan seis fórmulas diferentes para actualizar los montos por inflación, lo que ha llevado a situaciones en las que los resarcimientos son extremadamente elevados.
Desde 2022, cuando la inflación alcanzó niveles críticos durante el gobierno de Alberto Fernández, la Cámara de Apelaciones del Trabajo implementó una actualización para las indemnizaciones que permite capitalizar intereses anualmente, un procedimiento que el Código Civil original prohíbe. Esta medida, conocida como «anatocismo», ha incrementado los montos a niveles inusuales. En algunos casos, el monto actualizado puede ser hasta un 50% mayor en dólares comparado con el valor de hace siete años, debido al paso del tiempo y la inflación.
Las pymes son particularmente vulnerables a este sistema. Un ejemplo reciente es el de una cadena de cafés de Buenos Aires que deberá pagar una indemnización de $140 millones a una trabajadora que estuvo empleada seis años. Otro caso es el de un colegio de Hurlingham, que enfrenta una deuda de más de $103 millones y podría verse obligado a cerrar si se ejecuta una sentencia laboral en su contra.
El problema surgió en septiembre de 2022, cuando la Cámara de Apelaciones adoptó el acta 2764, que permitió la capitalización de intereses de las indemnizaciones. Este método condujo a montos impagables, lo que provocó la intervención de la Corte Suprema. En febrero de 2024, la Corte anuló el fallo Oliva, que obligaba a pagar una indemnización con un 8000% de intereses. El tribunal consideró que el fallo excedía los parámetros razonables y, en respuesta, la Cámara de Apelaciones intentó corregir la situación en marzo con el acta 2783, que proponía una nueva fórmula de actualización basada en el índice CER más un 6% anual. Sin embargo, esta fórmula resultó en cálculos igualmente elevados, lo que llevó a la Corte a intervenir nuevamente en agosto y anular otro fallo que implicaba intereses del 20.000%.
A pesar de estas intervenciones, no se ha alcanzado un criterio unificado. En lugar de adoptar una fórmula común, las distintas salas de la Cámara de Apelaciones han comenzado a aplicar diferentes métodos de actualización. Algunas salas emplean el índice de precios al consumidor (IPC) con un 3% adicional, mientras que otras utilizan el índice CER o una combinación de ambos con diferentes porcentajes adicionales. Esta falta de uniformidad genera una gran incertidumbre para las empresas, ya que el monto final de una indemnización puede variar drásticamente según la sala que dictamine el caso.
Un ejemplo que ilustra esta disparidad es el caso de una empleada de una pyme despedida en 2016. Inicialmente, la indemnización calculada en mayo de 2017 ascendía a $1.715.000, aproximadamente $106.000 al tipo de cambio de esa época. Sin embargo, debido a los retrasos en el juicio y a la fórmula de actualización elegida, el monto se actualizó a $184 millones en 2024, lo que equivale a $150.000. El informe publicado en el diario La Nación indica que, en este caso, representa un incremento del 50% en dólares, producto de la inflación y la demora en la resolución del caso.
Emprasas afectadas
La situación actual ha generado preocupación en las empresas. Un directivo consultado señaló que el sistema actual castiga a las compañías por la ineficiencia de la Justicia. A pesar de que los salarios han disminuido un 20% en términos reales en los últimos siete años, los montos de las indemnizaciones han aumentado significativamente debido a las fórmulas de actualización.
El problema no es exclusivo de las pequeñas y medianas empresas. Recientemente, la Corte Suprema anuló un fallo que ordenaba el pago de 53 salarios en concepto de multas a una empleada que había trabajado menos de dos años para la empresa Muresco SA. Este tipo de fallos ha sido objeto de controversia, ya que las multas por irregularidades en la contratación laboral, contempladas en la ley 25.323, suelen incrementar considerablemente el monto final de las indemnizaciones.
Empresarios vs. industria del juicio
Actualmente, las diez salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo aplican diferentes fórmulas para actualizar las indemnizaciones. Algunas utilizan el IPC más un porcentaje adicional, mientras que otras emplean el índice CER. Esta dispersión complica aún más la situación para las empresas, ya que el monto final de una indemnización puede variar considerablemente dependiendo de la sala que intervenga en el caso. Un ejemplo reciente es el de una fábrica de lonas de Villa Ballester, que debía pagar $17.644.189 a un trabajador despedido en 2011, pero la Sala 1, al aplicar una fórmula diferente, elevó el monto a más de $36 millones.
Los tribunales inferiores no están siguiendo los parámetros que dio la Corte Suprema de Justicia, por lo que seguro habrá más conflictos.
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