Impuestos, gastos y presión tributaria: ¿Buenos Aires es tan austera como dice Axel Kicillof?

El aumento de impuestos dispuesto por la legislatura provincial de mayoría kirchnerista y el conato de rebelión fiscal del campo en la provincia de Buenos Aires volvió a atizar el conflicto entre el gobierno nacional y el del distrito subnacional más grande, poblado y de mayor peso económico de la Argentina, cuyo gobernador, Axel Kicillof, afirmó que la provincia tiene “el estado más pequeño y más austero y de los que menos recursos tiene por habitante” y que comparada con el promedio general “gasta la mitad”.

El gobierno de Javier Milei ve en Kicillof la contracara de su credo político y económico, y el gobernador bonaerense ve allí una oportunidad para posicionarse como principal cabeza de oposición. El ministro del Interior, Guillermo Francos, explicitó esta situación al resaltar: “difícilmente encontremos puntos de acuerdo (…) nosotros queremos un país en libertad, absolutamente desregulado, y Kicillof quiere todo lo contrario, un país con alta regulación, altos impuestos, haciendo todo mal además”.

Así como antes lo había hecho el propio presidente, Javier Milei, Francos reiteró el aval oficial al llamado del diputado José Luis Espert a no pagar el Impuesto Inmobiliario Rural bonaerense (IIRB). “La única forma que (Kicillof) tiene de pagar la fiesta de gastos es aumentando los impuestos de una manera brutal” que -dijo el ministro- “es una especie de 125″, por la resolución que en 2008 desató el conflicto rural con el kirchnerismo y marcó la política argentina durante los últimos 16 años.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, listó a su vez gastos del gobierno de Kicillof por $170.000 millones en “políticas de perspectiva de género”, amén de programas como “Mar para Todas” apuntado a mujeres LGBT, “Haceme Tuya”, de provisión de geles de lubricación genital, “Juguemos piola” y “Buen vivir”, con fines lúdicos y preceptos y prácticas ambientales, y fondos para viajes de egresados.

Los principales focos del conflicto, al menos en la parte fiscal, fueron la sanción por la legislatura del aumento del IIRB, a fin de diciembre 2023, supuestamente con un tope del 200% anual y, dos meses después, la decisión del gobierno nacional de eliminar por decreto el “Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires” que el gobierno de Alberto Fernández había creado también por decreto en septiembre de 2020.

Esa medida, en respuesta a un conato de rebelión de la policía bonaerense debido a causas salariales, favoreció claramente al gobiernode Kicillof en detrimento del porteño y, en rigor, del resto de las provincias, al punto de que -como muestra el gráfico de arriba- en 2023 recibió en “transferencias discrecionales” -esto es, por fuera de las “automáticas” que establece la ley 23.548, de “Coparticipación Federal”- el 49,5% del total. Esto es, casi lo mismo que las 22 restantes grandes jurisdicciones del país y el distrito porteño sumados.

Debe tenerse en cuenta, además, que esa cuenta deja de lado las transferencias directas de Nación a municipios: en 2022, precisó entonces un estudio de la consultora Aerarium, los municipios bonaerenses (y, en particular, los del oficialismo provincial) recibieron 61% de los recursos por esa vía en todo el país.

Además, si se excluyen la provincia y la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe y Córdoba, , la relativa paridad que exhibe que exhibe el reparto en el resto del país (20 de los 24 distritos recibieron porcentajes que van del 3% al 0,7%) esconde en realidad grandes disparidades: Mendoza, con más de dos millones de habitantes, recibió 1,8%, apenas una décima de punto por encima del 1,7% de Santa Cruz, que según el Censo 2022 tiene 333.000 habitantes, más de la sexta parte.

Cristian Girard, director de ARBA, la agencia de recaudación fiscal bonaerense, negó en Infobae que haya un “impuestazo” bonaerense. Solo los campos cuyo valor excede de $199 millones (0,71% de las poco más de 300.000 “partidas rurales” de la provincia), afirmó, recibieron aumentos superiores a 200 por ciento.

Sin embargo, productores rurales de Salto, Saliquelló, San Antonio de Areco y otras localidades bonaerenses denunciaron incrementos de hasta 500%, de ahí que entidades de la Mesa de Enlace estudian estrategias judiciales, que podrían llegar a “acciones colectivas” para no pagarlos, por su carácter “confiscatorio”.

¿Cuán “austero”, como dice Kicillof, es el gobierno bonaerense? Por cierto, los programas listados por Adorni, el vocero presidencial, no sustentan la afirmación del gobernador. En términos más analíticos, Marcelo Capello, experto en federalismo fiscal y vicepresidente del Ieral de Fundación Mediterránea, contó a Infobae que la provincia de Buenos Aires, “dada su enorme población con relación al resto de las jurisdicciones es normal que presente un gasto provincial per cápita inferior al resto, por las mayores economías de escala con que cuenta”.

En base a datos completos, incluidos de 2022, Capello precisó que ese año la provincia contaba con un gasto por habitante equivalente al 80% de Mendoza y Córdoba y que si se considera el gasto en relación al Producto Bruto Geográfico (PBG, el PBI provincial) el gasto bonaerense es superior al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y prácticamente igual al de Santa Fe.

En su diatriba contra la pérdida del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y la política económica del gobierno nacional, Axel Kicillof afirmó: “Buenos Aires aporta el 40% de los recursos de coparticipación federal y recibimos cerca del 20%”, algo que consideró “una injusticia”.

Más preciso, Marcelo Capello destacó que según el último estudio sobre las contribuciones provinciales a la torta recaudatoria nacional, Buenos Aires no aporta 40%, como dijo Kicillof, sino 34,7 por ciento.

“La provincia cuenta con 38% de la población del país y la Ley de Coparticipación vigente (23.548, desde enero de 1989), le asignó 22% de coparticipación. Se trata de un porcentaje relativamente bajo. Pero es la Ley vigente. No obstante, las provincias reciben otras transferencias automáticas, además de la coparticipación, y giros discrecionales (corrientes y de capital)”, precisó.

Lo más paradójico es que, cuando se analiza la evolución de los fondos que en todo concepto (“automáticos” y “discrecionales”) recibió Buenos Aires desde 1989, cuando entró en vigencia la actual Ley de Coparticipación, el punto más bajo fue en 2014, cuando el gobernador de la provincia era Daniel Scioli y el ministro de Economía de la Nación era Axel Kicillof.

“Entre 1989 y 1995 la participación pasó de 19,5% a 26%, cuando se creó el Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB) en los primeros años de la Gobernación de Eduardo Duhalde. Tras imponerse un techo al FCB la participación bonaerense cayó hasta un mínimo de 18,5% en 2014. A partir de 2016, por envío de más recursos discrecionales y luego, con la eliminación del Fondo, que había empezado a perjudicarla, Buenos Aires comenzó a mejorar su participación en el total de envíos, llegando en el primer período del actual gobernador a participaciones similares a las que había tenido Duhalde entre 1994 y 1996″, recapituló Capello.

“En la actual Ley, la provincia tiene asignado un coeficiente relativamente bajo, pero cuando se consideran también las transferencias discrecionales, su participación mejoró mucho en los últimos años, especialmente con Alberto Fernández, y en la gobernación de Kicillof, junto a la de Duhalde, se pudieron observar las mayores participaciones de PBA en casi 35 años”, subrayó el experto mediterráneo.

En cuanto a la presión tributaria, Marcelo Capello precisó que Buenos Aires la tiene relativamente alta (5,1% de su PBG), solo superada por CABA entre los distritos subnacionales más poblados.

Mendoza, Córdoba y Santa Fe, que completan el quinteto de los distritos más poblados de la Argentina, tienen menos presión tributaria que la provincia de Buenos Aires, concluyó el investigador del Ieral.