La trama detrás de Promarlon S.A. reveló un entramado de operaciones financieras y relaciones dentro del Estado argentino que vincularon a funcionarios de alto rango con empresas sospechadas de contrabando y manejos irregulares de fondos. La empresa, cuyo propósito declarado es ofrecer préstamos e inversiones de capital, fue constituida en 2011 por Fabiana Ruth Buchter y su esposo, Claudio Gabriel Szlaien. Este último ha sido señalado como un actor clave en actividades ilícitas que implican la evasión de controles aduaneros en diversas provincias de Argentina.
La estructura de Promarlon y las acusaciones de contrabando
Claudio Szlaien, quien en su momento fue prestamista de Rosana Lodovico, ex titular de la Aduana y ahora “rescatada” por Andrés Vázquez, nuevo jefe de la Dirección General Impositiva.
El caso Promarlon, que, según el Tribunal Oral Federal de San Martín, integra una presunta red de contrabando. El fallo judicial detalla un esquema en el que mercancías adquiridas en Paraguay, como electrónicos y consolas de videojuegos, ingresaban de forma ilegal a Argentina, cruzando la frontera en Puerto Iguazú, Misiones, para luego distribuirlas en provincias como Santa Fe y Buenos Aires. La organización habría eludido controles aduaneros, lo que permitió a Szlaien gestionar fondos derivados de actividades de contrabando a través de Promarlon S.A., logrando evitar sanciones significativas por la evasión de más de tres millones de pesos en impuestos.
El tribunal resolvió la causa en 2023 mediante un acuerdo en el cual Szlaien se comprometió a abonar 26 millones de pesos en compensación al Estado. La jueza Nada Flores Vega, al resolver la causa, afirmó que la presunta intervención de funcionarios aduaneros implicados en el esquema impidió la suspensión completa de la acción penal. Sin embargo, la investigación destaca que el vínculo entre Promarlon y funcionarios del organismo de Aduanas persiste, incluso cuando algunos de estos empleados cuentan con antecedentes penales relacionados con contrabando.
Lodovico y su ex marido Luis Antonio Bocassi, jefe de Encomiendas Postales Internacionales de la Aduana, recibieron un préstamo de la empresa Promarlon S.A., que dos meses antes había sido beneficiada con una moratoria para saldar deudas por operaciones internacionales no debidamente declaradas.
La denuncia también involucra a Alejandro Omar Lucano, identificado como «cuñado de Ludovico», y Claudio Gabriel Szlaien, presidente de Promarlon S.A.
El préstamo, explicó la legisladora, estuvo destinado a la compra de «una casa de vacaciones en Canning y fue comprada mientras (Ludovico) ejercía funciones en la Aduana».
Según la presentación, que quedó registrada con el número 1686/2024 y recayó en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, Lodovico fue funcionaria de la Aduana «durante la gestión de Sergio Massa y Guillermo Michel» y con el recambio de Gobierno «fue ascendida como titular del organismo en la gestión de Javier Milei».
Según Campagnoli, sobre la base del artículo periodístico, «la Aduana le dio el visto bueno (a Promarlon) para que no fueran condenados por contrabando y que pagarán en cómodas cuotas las deudas que tenía con dicho organismo».
La diputada señaló que no está claro si Lodovico pagó el préstamo privado de una empresa que no estaba habilitada para ese tipo de operaciones, ni tampoco cómo quedó registrado el pago, ni a qué cotización del dólar.
Personal involucrado de la Aduana y su permanencia en el organismo
Uno de los casos destacados en el fallo es el de Walter Eduardo Tambone, funcionario de la Aduana en Puerto Iguazú, Misiones, quien a pesar de su procesamiento judicial por contrabando, seguía figurando como empleado en la nómina de la administración. Tambone, que presentó un recurso de amparo en 2020 para revertir un sumario administrativo que lo suspendía de tareas fiscalizadoras, enfrenta actualmente causas en el Juzgado Federal de Campana. La justicia rechazó su recurso en dos instancias, pero a pesar de ello, Tambone continúa bajo la gestión de Lodovico en la Aduana, evidenciando una falta de control interno en la institución.
Otros empleados, como César Moisés González Acuña y Marta Wilfrida Román Solis, también están involucrados en causas de contrabando, mientras que Rosendo Ariel Echeverría enfrenta una sanción impuesta en 2021 por infracciones aduaneras. Estos funcionarios, vinculados directa o indirectamente con actividades ilícitas, mantienen posiciones dentro de la estructura estatal, lo que ha despertado críticas sobre la transparencia y control de la administración pública.
El vínculo entre Promarlon, la Aduana y redes internacionales de contrabando
En octubre de 2023, una investigación llevada a cabo por el juez Federico Villena destapó otra conexión entre Claudio Szlaien y dos figuras conocidas en el ámbito financiero: el financista «El Croata» Rojnica y su socio Federico Pulenta. Estos últimos son acusados de sacar cientos de millones de dólares de Argentina hacia el extranjero, utilizando sociedades anónimas en Hong Kong, Paraguay y Estados Unidos, según el informe judicial. El juez Villena describió una operación que incluía hasta 4.763 transferencias por casi 350 millones de dólares, realizadas a través de una estructura de empresas con el objetivo de evadir controles internacionales y ocultar el origen de los fondos.
Szlaien es señalado como uno de los colaboradores en esta organización, utilizando empresas como Promarlon y otras de su creación para realizar múltiples transferencias, que en total suman cerca de 56 millones de dólares. En este contexto, el informe también señala que el FBI alertó a las autoridades argentinas en 2018 sobre una persona vinculada a Szlaien que estaba enviando fondos ilícitos a Estados Unidos mediante canales informales. Esta conexión entre el esquema de contrabando nacional y la operación de blanqueo internacional apunta a una red sofisticada y de alcance internacional.
Sociedad y expansión de la red de Szlaien en Miami
La investigación sobre Promarlon también expone la extensión de las actividades de Szlaien en el extranjero. Su esposa, Fabiana Ruth Buchter, y su hijo Brandon Szlaien figuran como titulares de PRIX Consulting LLC, una sociedad registrada en Miami en el año 2020. La empresa recibió un envío desde Hong Kong de productos electrónicos y otros bienes, evidenciando una posible relación con actividades de importación y exportación que podrían estar alineadas con las actividades de contrabando. PRIX Consulting LLC no es la única sociedad creada por la familia en Estados Unidos; Buchter y su hijo también están registrados en LURIANA LLC y LANDER LLC, constituyendo una red de empresas activas en la recepción y transferencia de fondos.
Impacto y próximas acciones legales
Campagnoli ha argumentado que la relación entre Lodovico y Promarlon, una empresa en la mira por evasión fiscal y contrabando, supone un riesgo para la transparencia institucional de Aduanas. La presentación solicita una investigación exhaustiva de los préstamos privados recibidos por Lodovico y del estado de sus obligaciones con la firma, aludiendo a un posible encubrimiento o favoritismo en las decisiones del organismo hacia entidades con antecedentes de ilegalidad.
La denuncia de Campagnoli coincide con otra presentada por integrantes de la Fundación Apolo, quienes también exigen una indagación profunda en el caso. Ambas denuncias buscan clarificar si existen conflictos de interés y encubrimiento en la administración de Aduanas, así como establecer las responsabilidades de los funcionarios implicados en los préstamos y en el manejo de las deudas de Promarlon.
Este caso arroja luz sobre la compleja red de relaciones y operaciones financieras que parece estar incrustada en la administración pública, y expone cómo algunos funcionarios pueden operar con empresas bajo investigación. Los próximos meses serán decisivos para determinar el impacto de estas denuncias en la estructura estatal argentina y en la credibilidad de sus instituciones.
Los comentarios están cerrados.