Legisladores nacionales schiarettistas salen al cruce de Milei por el ajuste que le pide a las provincias

Un grupo de legisladores nacionales ligados al ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti salieron al cruce del ajuste que le pidió el presidente Javier Milei a las provincias de 60.000 millones de dólares para el 2025, al que calificaron como «fuera de toda lógica». 

La respuesta lleva la firma de diputados cordobeses ligados al schiarettismo y suma la firma de la senadora y esposa del ex mandatario provincial, Alejandra Vigo. «Es absolutamente insostenible y fuera de toda lógica la idea de que las provincias deben ajustar en 60.000 millones de dólares (aproximadamente 10 puntos del PIB)», dice el comunicado. 

En esa línea, continúa: «Para poner las cosas en perspectiva, si consideramos que el Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina es de alrededor de 600.000 millones de dólares, y que el gasto consolidado de las provincias es aproximadamente el 14,7% del PIB (datos de IARAF), esto significa que las provincias tienen un gasto total de alrededor de 88.000 millones de dólares. Reducir 60.000 millones de esa cifra implicaría una reducción de más de 68% del gasto provincial». 

Según este grupo, lo que pide Milei significaría «que las provincias deberían reducir a una tercera parte el gasto en servicios fundamentales como educación, salud, seguridad, y obras públicas». 

«Es inimaginable que el conjunto de provincias invierta en esos servicios fundamentales un tercio de lo que invierten hoy. Es un disparate total, porque sería imposible para las provincias seguir brindando servicios esenciales con ese nivel de ajuste», suma el texto. 

Además, el documento, publicado ayer, que no se trata de «una optimización del gasto ni de un ajuste, sino de un recorte draconiano que pondría en peligro la vida de millones de personas que dependen de los servicios públicos que las provincias proveen».

No obstante, sobre el final aceptan que la necesidad de mejorar «la eficiencia del gasto público es válido», pero proponen que la «reducción de esta magnitud simplemente no tiene cabida en la realidad». 

«Las consecuencias sociales y económicas de un ajuste de esta magnitud serían devastadoras y empeorarían la situación de las personas más vulnerables en todo el país», cierra el documento que lleva la firma también de los diputados Carlos Gutiérrez; Ignacio García Aresca; Natalia de la Sota; Alejandra Torres; y Juan Brügge.