La Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo el 2 de octubre en varias ciudades del país, como una forma de resistencia ante la inminente decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario. Este proyecto de ley, aprobado por el Congreso el pasado 12 de septiembre, busca garantizar la sostenibilidad financiera de las universidades públicas en Argentina, un tema de suma importancia en el actual contexto político y económico del país.
La norma, que recibió el respaldo de 57 legisladores y solo 10 en contra, establece un incremento salarial para el personal docente y no docente, con la finalidad de mejorar las condiciones laborales en el ámbito académico. El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso estima que su implementación requeriría un impacto presupuestario de $738.595 millones, lo que representa aproximadamente 0,14% del PBI. Este monto es crucial para asegurar que las universidades puedan seguir ofreciendo educación pública y gratuita, un pilar de la política educativa argentina.
Desde que se aprobó la ley, Milei ha manifestado su intención de vetarla, argumentando que la medida perjudicaría las finanzas del Estado. En un comunicado a través de la red social X, el presidente dejó en claro su postura y anunció su decisión de aplicar un «veto total». Sin embargo, las autoridades universitarias y los gremios han enfatizado la necesidad de que se respete la ley, argumentando que los recortes presupuestarios y la posible privatización de servicios amenazan la calidad de la educación superior en el país.
La marcha será encabezada por rectores de universidades públicas, quienes se unirán en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esta movilización está destinada a ser una repetición de la masiva manifestación que se realizó el 23 de abril de este año, donde miles de estudiantes y docentes se unieron para defender el derecho a la educación. Bajo el lema “La Universidad no es el problema, es parte de la solución”, los participantes tienen la intención de mostrar su rechazo a los recortes presupuestarios y las restricciones en el acceso a programas de becas, elementos esenciales para garantizar la educación pública.
La Marcha Federal Universitaria no solo es una protesta, sino un llamado a la acción colectiva por parte de la comunidad educativa. La manifestación se llevará a cabo en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y las universidades, donde se han llevado a cabo negociaciones entre las autoridades académicas y el gabinete de Milei. Sin embargo, estas conversaciones no han logrado concretar un acuerdo satisfactorio, lo que ha llevado a la comunidad universitaria a la movilización.
Además, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, ha expresado su preocupación por la situación financiera que enfrentan las universidades. Moriñigo calificó la situación de “tormenta perfecta” y advirtió sobre la posible pérdida salarial que enfrentaría el personal docente en el presupuesto 2025. «Queremos establecer esperanza para un futuro mejor para los jóvenes. No es un problema de financiamiento, sino de prioridades», afirmó.
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