Procrear: permitirán un sistema de “hipotecas divisibles” para proyectos en desarrollo

El Gobierno nacional anunció modificaciones en el plan Procrear, que ofrece líneas de créditos subsidiadas por el Estado nacional para el acceso a la vivienda. Este programa fue creado en 2012, bajo la gestión de Cristina Kirchner.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue quien anunció la decisión del Ejecutivo. ”Dos novedades económicas: a partir de mañana el plan Procrear tal y como lo conocemos, dejará de existir. Además de esto, se comenzarán a permitir las ‘hipotecas divisibles’ para proyectos inmobiliarios en desarrollo”, adelantó. De igual forma, se espera que los detalles se conozcan una vez que se publique la medida en el Boletín Oficial.

El programa ofrece varias líneas crediticias destinadas a la compra de viviendas en Desarrollos Urbanísticos, a la adquisición de un terreno, y a la realización de obras para mejorar las condiciones edilicias de las casas.

Días atrás, fuentes cercanas al aseguraron a este medio que hay 17 mil viviendas que aún no están finalizadas. La idea del Gobierno es subastar esas propiedades.

Mientras termina de ultimar los detalles sobre la restructuración del programa, el Ejecutivo analiza la cesión de las obras a las provincias o a algunos municipios para concluir las obras. En ese sentido, buscan aplicar un esquema similar al que firmaron en agosto de este año cuando transfirieron los proyectos a Catamarca, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, con el objetivo de que finalicen los Desarrollos Urbanísticos.

Actualmente, en San Juan hay dos obras que forman parte del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear). Se trata del barrio La Ramada y La Nave que suman un total de 352 viviendas. Desde el Gobierno Nacional anunciaron que tienen planeado eliminar el programa lanzado por el kirchnerismo y vender las viviendas o cederlas a los diversos gobiernos provinciales para su finalización. Ante ello, el Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, aclaró que aún no hay una propuesta oficial de Nación y que el orreguismo no descarta hacerse cargo de dichas obras.

Lo mismo sucedió en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof tomó la decisión de que el Gobierno bonaerense asuma la responsabilidad de concluir y entregar las viviendas del programa que ya tenían un avance significativo en su construcción. La situación se replica en algunos partidos del Conurbano como Avellaneda. Allí, se encuentran en ejecución 3.000 viviendas cuya finalización ha sido posible gracias a fondos propios.

“Cada una de las obras en marcha todavía está siendo auditada. Se revisa una por una”, indicó a este medio una fuente oficial. Estas unidades tienen financiación del Banco Hipotecario y algunas del Fondo de Integración Sociourbana (FISU). Este fondo pasó a estar en manos del Ministerio de Economía en abril de este año.

Por otro lado, en relación con los créditos que ya fueron otorgados, indicaron que se están revisando los últimos 2.500 que se suscribieron en noviembre de 2023, a un mes de la finalización del mandato de Alberto Fernández. En ese sentido, desde el Gobierno, precisaron también que “se contactó a cada uno de los beneficiarios y se les dio la oportunidad de cambiarlo por un crédito personal”. “El 70% ya aceptó la propuesta”, agregaron.

Esta decisión se da en el marco de las reformas que impulsa el Gobierno nacional en materia de subsidios y presencia del Estado. Como parte de este proceso, el Ejecutivo dio de baja varios fondos fiduciarios tras identificar una serie de irregularidades al realizar una serie de auditorías.

Hace tan solo una semana, disolvieron el Fondo Fiduciario de Capital Social (FFCS). En este caso, entre los problemas hallados, se identificaron fallas en el monitoreo, control y registro contable de la información.

Este plan está contemplado en el artículo 5 de la Ley Bases, que establece que el Poder Ejecutivo puede “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”, en cumplimiento con las reglas específicas de cada fondo y las disposiciones de sus normas constitutivas. Esta normativa, que define el manejo de este tipo de fondos, otorga al gobierno la facultad de intervenir y ajustar su estructura según las disposiciones aplicables.